{"id":53239,"date":"2025-02-27T19:39:37","date_gmt":"2025-02-27T19:39:37","guid":{"rendered":"https:\/\/landivar.com\/?p=53239"},"modified":"2025-02-27T19:41:10","modified_gmt":"2025-02-27T19:41:10","slug":"conductas-anticompetitivas-transfronterizas-en-territorio-andino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/landivar.com\/en_us\/conductas-anticompetitivas-transfronterizas-en-territorio-andino\/","title":{"rendered":"CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS TRANSFRONTERIZAS EN TERRITORIO ANDINO"},"content":{"rendered":"[et_pb_section admin_label=\u00bbsection\u00bb]\n\t\t\t[et_pb_row admin_label=\u00bbrow\u00bb]\n\t\t\t\t[et_pb_column type=\u00bb4_4″][et_pb_text admin_label=\u00bbText\u00bb]\n

Dr. Andr\u00e9s V\u00edctor Salazar Monasterios<\/em><\/p>\n\n\n\n

En el presente art\u00edculo se aborda el Derecho de la Competencia de la Comunidad Andina de Naciones, su desarrollo, aplicaci\u00f3n y utilidad y se realiza una profundizaci\u00f3n en las conductas anticompetitivas a nivel regional. El desarrollo del Derecho de la Competencia es claramente impulsado por el fen\u00f3meno de la globalizaci\u00f3n, impulsado por la negociaci\u00f3n de tratados internacionales multilaterales, que se rigen bajo el principio de libre competencia econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

En Bolivia, este tema se encuentra normado tambi\u00e9n mediante el Decreto Supremo N\u00ba 29519, 16 de abril de 2008, el mismo que en su primer art\u00edculo explica el objeto del mismo que consiste en regular la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulaci\u00f3n en precios y cantidad. De dicha norma emerge la Resoluci\u00f3n Ministerial N\u00b0190, que contiene el Reglamento de Regulaci\u00f3n de la Competencia en el marco del referido Decreto, sin embargo, en el actual art\u00edculo se analiza las normas supranacionales.<\/p>\n\n\n\n

La Comunidad Andina de Naciones, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Per\u00fa, es el proceso de integraci\u00f3n jur\u00eddica, econ\u00f3mica y social m\u00e1s antiguo y exitoso de la regi\u00f3n, vigente desde el 26 de mayo de 1969, cuando se suscribi\u00f3 en Colombia, el Acuerdo de Cartagena, el cual se constituye en el Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integraci\u00f3n andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Este proceso de integraci\u00f3n tiene el objetivo de lograr una verdadera Comunidad Andina de Naciones a trav\u00e9s de una zona de libre comercio, eliminando las barreras arancelarias entre los pa\u00edses miembros, una Uni\u00f3n Aduanera, lo cual se logra estableciendo un arancel externo com\u00fan y un mercado com\u00fan, que implica la circulaci\u00f3n libre y sin restricciones, de bienes, servicios y capitales y finalmente una uni\u00f3n econ\u00f3mica que implica la armonizaci\u00f3n de pol\u00edticas macroecon\u00f3micas y de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, al respecto, la Decisi\u00f3n 608 del a\u00f1o 2005, es la ley andina de defensa de la libre competencia, emitida en el contexto de la necesidad de integraci\u00f3n de los pa\u00edses, consiguiente apertura comercial y globalizaci\u00f3n, con el objetivo de que no se afecten los beneficios logrados consecuentemente del integraci\u00f3n. Esta normativa, como lo se\u00f1ala en su segundo art\u00edculo, tiene como objetivo la protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de la libre competencia en el \u00e1mbito de la Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores, la misma proh\u00edbe y sanciona conductas restrictivas a la libre competencia y conductas de abuso de una posici\u00f3n de dominio en el mercado.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, dentro del dise\u00f1o procedimental previsto en la referida Decisi\u00f3n, es importante resaltar que la Secretar\u00eda General de la Comunidad Andina, es tanto la autoridad investigadora como sancionadora, siendo plenamente factible gestionar ambas situaciones en paralelo. Dicho trabajo se lo realiza en coordinaci\u00f3n con las autoridades nacionales de defensa de la competencia, mismos que integran el Comit\u00e9 Andino de Defensa de la Libre Competencia cuya opini\u00f3n no es vinculante sobre una investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, la Decisi\u00f3n 608 otorga a la Secretar\u00eda General de la Comunidad Andina la competencia necesaria para imponer multas a los agentes econ\u00f3micos que incurren en una conducta anticompetitiva transfronteriza, es decir, que tiene su origen en un pa\u00eds miembro de la Comunidad Andina y sus efectos en otro pa\u00eds. Por lo que se puede apreciar que, en el caso de la CAN, se ha establecido un r\u00e9gimen de competencia supranacional muy parecido al utilizado en la Uni\u00f3n Europea, mismo que funciona en una estructura institucional que tiene un \u00f3rgano de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n que es la Secretar\u00eda General, un \u00f3rgano de control judicial de las decisiones que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y un \u00f3rgano legislativo que es el Parlamento Andino.<\/p>\n\n\n\n

La normativa se\u00f1alada precedentemente no excluye la jurisdicci\u00f3n de las instituciones nacionales de competencia, que pueden ejercer jurisdicci\u00f3n sobre pr\u00e1cticas anticompetitivas que se verifiquen en los territorios nacionales que tengan jurisdicci\u00f3n. Entonces, la Secretar\u00eda ejercer\u00e1 jurisdicci\u00f3n cuando se trate de una conducta que afecte a varias jurisdicciones y que produzca efectos reales sobre el Mercado Andino, no pudiendo existir ning\u00fan tipo de interferencia por parte de las instituciones andinas en la jurisdicci\u00f3n de las autoridades locales cuando estas enfrenten conductas anticompetitivas originadas en un pa\u00eds y cuyos efectos se den en el mismo pa\u00eds, siendo de mucha importancia el hecho de los efectos reales, los mismos que deben ser capaces de afectar el patr\u00f3n de flujo del comercio de una forma evidente. La definici\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el efecto real es la siguiente: \u201cCualquier incidencia, afectaci\u00f3n, distorsi\u00f3n o modificaci\u00f3n sobre la oferta o demanda en el mercado o comercio subregional correspondiente, lo que puede comprender el precio de los productos o servicios o dem\u00e1s condiciones de comercializaci\u00f3n, la cantidad producida, la calidad de los productos o servicios, los canales de aprovisionamiento de los insumos o los canales de distribuci\u00f3n o comercializaci\u00f3n; o, Cualquier otra situaci\u00f3n que signifique una afectaci\u00f3n al bienestar de los consumidores.\u201d(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015).<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, para que los efectos reales sean considerados de esta manera deben concurrir los siguientes elementos: \u201c(i) que la conducta traspase las fronteras y sus efectos lesionen o causen efectos en otro u otros Pa\u00edses Miembros; (ii) que el hecho de que participen en un comportamiento que pueda ser restrictivo de la competencia personas naturales o jur\u00eddicas de distintos pa\u00edses de la CAN no causa que la conducta tenga dimensi\u00f3n andina y; (iii) el hecho de que las autoridades de los pa\u00edses miembros hayan asumido competencia indica que la SGCAN no es competente para adelantar el caso.\u201d (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, con estos elementos presentes, es necesario resaltar que la Secretar\u00eda ha sido muy estricta al determinar que no tiene competencia sobre pr\u00e1cticas anticompetitivas, reconociendo tambi\u00e9n que las conductas que tienen efectos a nivel nacional deben ser investigadas por las Autoridades nacionales, por lo que no todos los casos de conductas anticompetitivas son investigadas por la Secretar\u00eda. Las pr\u00e1cticas restrictivas de la libre competencia en la normativa de la CAN se encuentran definidas en el Cap\u00edtulo III, art\u00edculos 7 a 9 de la Decisi\u00f3n 608, los mismo que tienen car\u00e1cter enunciativo mas no limitativo, de esta manera, al no contener una cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n espec\u00edfica, facilita a la labor de investigaci\u00f3n a conductas no especificadas en dicho cuerpo normativo. El Art\u00edculo 7 se\u00f1ala aquellas conductas que se constituyen restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el prop\u00f3sito o el efecto de: \u201da) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercializaci\u00f3n; b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; c) Repartir el mercado de bienes o servicios; d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o, e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas p\u00fablicas.\u201d. Complementando, el Art\u00edculo 8.- se\u00f1ala aquellas conductas que se presumen como abuso de una posici\u00f3n de dominio en el mercado: \u201ca) La fijaci\u00f3n de precios predatorios; b) La fijaci\u00f3n, imposici\u00f3n o establecimiento injustificado de la distribuci\u00f3n exclusiva de bienes o servicios; c) La subordinaci\u00f3n de la celebraci\u00f3n de contratos a la aceptaci\u00f3n de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relaci\u00f3n con el objeto de tales contratos; d) La adopci\u00f3n de condiciones desiguales con relaci\u00f3n a terceros contratantes de situaci\u00f3n an\u00e1loga, en el caso de prestaciones u operaciones equivalentes, coloc\u00e1ndolos en desventaja competitiva; e) La negativa injustificada, a satisfacer demandas de compra o adquisici\u00f3n, o a aceptar ofertas de venta o prestaci\u00f3n, de productos o servicios; f) La incitaci\u00f3n a terceros a no aceptar la entrega de bienes o la prestaci\u00f3n de servicios; a impedir su prestaci\u00f3n o adquisici\u00f3n; o, a no vender materias primas o insumos, o prestar servicios, a otros; y, g) Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia econ\u00f3mica.\u201d, con lo que podemos entender los alcances, enunciativos mas no limitativos de aquellas conductas que se consideran anticompetitivas.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, conforme a la decisi\u00f3n 608, el inicio de una investigaci\u00f3n por la Secretar\u00eda General de la CAN, indica que la solicitud de inicio de investigaci\u00f3n debe contener toda la informaci\u00f3n requerida tal como: Datos, identificaci\u00f3n, descripci\u00f3n de la conducta denunciada, desarrollados en su Art\u00edculo 11. Una vez recibida la denuncia, la Secretar\u00eda debe pronunciarse dentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de recepci\u00f3n, para determinar si se cumplen los requisitos de forma y de fondo de la denuncia.<\/p>\n\n\n\n

Si la informaci\u00f3n fue completada correctamente, la Secretar\u00eda hace pronunciamiento frente la apertura de la investigaci\u00f3n mediante una resoluci\u00f3n que se publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y se notifica al denunciante, al denunciado, a los organismos nacionales de integraci\u00f3n, las oficinas nacionales competentes de los Pa\u00edses Miembros y a los miembros del Comit\u00e9 Andino de Defensa de la Libre Competencia, conforme al Art\u00edculo 13 de la decisi\u00f3n 608. La investigaci\u00f3n se desarrolla en dos etapas,una primera en Sede Nacional, la cual la realiza la autoridad de los Pa\u00edses Miembros que colaboran con la investigaci\u00f3n y l<\/strong>a segunda etapa se desarrolla en Sede Comunitaria, directamente por la Secretar\u00eda General, para su correspondiente investigaci\u00f3n, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel comunitario. Posteriormente, la secretar\u00eda emite el Informe de Resultados de la Investigaci\u00f3n para el comit\u00e9, quienes posteriormente deben rendir informe a la Secretar\u00eda. Acto seguido, el Secretario General de la CAN decide el caso mediante resoluci\u00f3n que se notifica a los investigados, a las autoridades de competencia de los pa\u00edses miembros y se publica en la Gaceta Oficial de la CAN. En contra de la decisi\u00f3n del Secretario General, procede el recurso de reconsideraci\u00f3n, quedando en firme la decisi\u00f3n una vez resuelto, sin embargo, la misma puede ser demandada con la acci\u00f3n de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, es necesario resaltar un caso en concreto, ya que, despu\u00e9s de 19 a\u00f1os de vigencia de la Decisi\u00f3n 608, es la primera vez que se sanciona, con car\u00e1cter firme, una conducta anticompetitiva transfronteriza y consiguientemente, es la primera vez que se multa en defensa de la libre competencia en el mercado subregional andino. Es un caso de colusi\u00f3n de precios en el mercado de papeles suaves en los mercados de Colombia y Ecuador, elemento prohibido y debidamente sancionado por el abuso de la posici\u00f3n de dominio y las pr\u00e1cticas colusorias que tuvieron efectos transfronterizos.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, mediante resoluciones 2006, del 28 de mayo de 2018, y 2236, del 19 de noviembre de 2021, la Secretar\u00eda General declar\u00f3 que las empresas de un conocido Grupo empresarial colombiano, conjuntamente con las empresas de otro conocido grupo del rubro del Ecuador, hab\u00edan cometido la conducta anticompetitiva transfronteriza tipificada en el literal a) del art. 7 de la Decisi\u00f3n 608, que consiste en que los gerentes de las matrices colombianas instruyeron a los gerentes de las filiales ecuatorianas a adoptar acuerdos de precios en el mercado ecuatoriano de papeles suaves, Generando multas millonarias para ambas empresas. Asimismo, mediante dos sentencias del 17 de septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, declar\u00f3 infundadas las demandas de nulidad presentadas por las referidas empresas. Constituy\u00e9ndose este hecho en un hito para el Derecho de la Competencia en la Regi\u00f3n andina, siendo, valga la redundancia, la primera vez que se sanciona en firme una conducta anticompetitiva transfronteriza en la Comunidad Andina, constituy\u00e9ndose en un hito en la materia. En conclusi\u00f3n, es necesario proteger la libre competencia en nuestra regi\u00f3n andina para promover la transparencia de los mercados, eliminar obst\u00e1culos que la limitan y fortalecer a las empresas y proteger los derechos de los consumidores. Es necesario promover que los cuatro pa\u00edses fomenten la competitividad econ\u00f3mica, a trav\u00e9s de la disminuci\u00f3n de los sobrecostos a las empresas, eliminando tambi\u00e9n barreras burocr\u00e1ticas, legales, estrat\u00e9gicas o estructurales. Asimismo, se debe incrementar la oferta promoviendo la inversi\u00f3n y la competencia en s\u00ed misma. Y cuando hablamos de barreras, son barreras legales, barreras estrat\u00e9gicas, barreras estructurales. Ahora bien, estructuralmente a nivel andino se debe formaliza y plasmar en una normativa reglas claras de coordinaci\u00f3n entre la Secretar\u00eda General y las Autoridades nacionales, para inicias las acciones que la competencia de los comportamientos lo permita, evitando la iniciaci\u00f3n de investigaciones paralelas, buscando la coexistencia de procedimientos nacionales y comunitarios, siguiendo el ejemplo de la Uni\u00f3n Europea. Por \u00faltimo, es necesario tener en cuenta el control de las concentraciones empresariales como una herramientas vital, que tiene el objetivo de garantizar la libre competencia econ\u00f3mica en los mercados, en busca de la protecci\u00f3n de la competencia en una forma previsoria, para detectar con mayor facilidad conductas anticompetitivas y en el mejor de los casos prevenirlas.<\/p>\n\n\n\n

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