Por: Dra. Martha Landívar Gantier
La propiedad intelectual, entendida como la disciplina jurídica destinada a proteger todas las creaciones de la mente, debe ser vista no solo como un requisito formal de un registro, sino también como la que protege la innovación empresarial del emprendedor y de las startups, y como el pilar fundamental en el que debe basarse la estrategia que tiene por fin fortalecer el modelo de negocio, mejorando la posición competitiva de estos en el mercado y convirtiéndose dicha estrategia en motor de crecimiento y estabilidad de dicho negocio.
Tengamos en cuenta que la protección de los activos de Propiedad Intelectual en todo negocio requiere tener una visión que va más allá de los meros registros formales, y que debe enfocarse en la implementación de políticas internas de crecimiento y expansión.
Resulta ya incuestionable el hecho de que la propiedad intelectual es considerada hoy como uno de los activos más relevantes dentro de la economía del conocimiento. En nuestro país, donde el entorno del emprendedor y de las startups se encuentra en una etapa de financiamiento, la propiedad intelectual adquiere una importancia trascendental para las startups, cuyo principal valor suele basarse en ideas, innovación, tecnología, marca y modelos de negocio disruptivos. La propiedad intelectual no es un asunto accesorio ni meramente legal, sino una herramienta fundamental para competir, atraer inversión y asegurar la sostenibilidad en el mercado.
En Bolivia, muchas startups surgen a partir de iniciativas tecnológicas, creativas y de base digital, impulsadas por jóvenes emprendedores, universidades y programas de innovación. Sin embargo, es frecuente que en las primeras etapas del negocio la Propiedad Intelectual sea relegada frente a otras prioridades operativas. Esta omisión representa un gran riesgo, ya que una innovación no protegida puede ser fácilmente imitada, incluso dentro del propio mercado nacional, debilitando la ventaja competitiva que el negocio pueda alcanzar.
El marco jurídico boliviano reconoce y protege los distintos derechos de Propiedad Intelectual a través de la normativa nacional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. La Ley de Privilegios Industriales, la Ley de Derecho de Autor y, especialmente, las Decisiones de la Comunidad Andina , como la Decisión 486 en materia de Propiedad Industrial y la Decisión 351 en derecho de autor, constituyen la base legal aplicable. La autoridad competente para el registro y administración de estos derechos es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), entidad ante la cual deben gestionarse marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y otros signos distintivos.
Desde una perspectiva estratégica, el registro oportuno de marca y de todo lo que concierne a la propiedad intelectual ante el SENAPI resulta esencial para los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas, las startups y, en general, para todo negocio. Particularmente, la marca no solo identifica productos o servicios, sino que permite construir reputación y confianza en el mercado. En un entorno donde muchas empresas, aspiran a escalar regionalmente o a proyectarse hacia mercados internacionales, tener una marca protegida en Bolivia es el primer paso para una futura expansión andina o internacional.
En el ámbito tecnológico, las patentes y modelos de utilidad permiten proteger desarrollos técnicos, procesos y mejoras funcionales. Aunque el número de solicitudes de patentes en Bolivia sigue siendo reducido en comparación con otros países, este instrumento representa una oportunidad estratégica para empresas startups innovadoras, especialmente en sectores como agroindustria, biotecnología, energías alternativas y tecnologías aplicadas. La protección mediante patentes no solo otorga derechos exclusivos, sino que incrementa el valor del proyecto frente a inversionistas y socios estratégicos.
El derecho de autor ocupa un lugar central en startups bolivianas vinculadas al software, aplicaciones móviles, plataformas digitales, educación en línea y economía creativa. El código fuente, los contenidos digitales, diseños y bases de datos están protegidos desde su creación, pero el registro ante la autoridad competente cumple una función probatoria fundamental en caso de conflictos. En un entorno donde la informalidad aún es un desafío, esta protección cobra especial relevancia.
Asimismo, los secretos empresariales constituyen una herramienta estratégica particularmente útil para startups bolivianas. Estrategias comerciales, algoritmos, procesos internos y know-how pueden mantenerse protegidos siempre que se adopten medidas razonables de confidencialidad. En muchos casos, esta vía resulta más accesible y eficiente que otros mecanismos de protección formal, especialmente para startups con recursos limitados.
Desde el punto de vista económico y financiero, la Propiedad Intelectual incrementa el valor de la startup boliviana. Cada vez más, inversionistas, incubadoras y programas de apoyo al emprendimiento evalúan la existencia de activos intangibles protegidos como un indicador de solidez y proyección del negocio. Una startup sin estrategia de Propiedad Intelectual enfrenta mayores dificultades para acceder a financiamiento, establecer alianzas o participar en procesos de transferencia tecnológica.
Finalmente, se debe concluir afirmando que la Propiedad Intelectual debe ser entendida por las startups y empresas bolivianas en general, como una inversión estratégica y no como un costo. Integrarla desde las etapas iniciales del negocio permite proteger la innovación, reducir riesgos legales, fortalecer la competitividad y generar valor sostenible. En un país que busca diversificar su economía y fomentar la innovación, la Propiedad Intelectual se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo económico.